Líneas introductorias
América Latina vive un momento de reto y confrontación. Dramáticas tensiones cruzan a cada uno de estos países, ubicados desde “México hasta la Patagonia”, según la socorrida expresión. Muchas veces el foco noticioso se centra casi exclusivamente en el surgimiento y desarrollo de nuevas expresiones electorales, victoriosas o no, pero se deja de lado o no se debate lo suficiente sobre los problemas estructurales que literalmente acosan a estos países: la dependencia de sus economías, incluso la dolarización de sus economías; una relación con Estados Unidos desventajosa, que se traduce en acuerdos y normas de la que nos beneficiamos poco, el ALCA, por ejemplo; la violencia estructural, encubierta, sistémica, que se expresa en el incremento de los índices de violencia y criminalidad y en las manifestaciones anómicas.
A lo anterior hay que añadir el surgimiento y crecimiento de fisuras desintegradoras, que se traducen en que la educación cumple su cometido a medias, existe una tasa de analfabetas nada desdeñable; los servicios resaltan por sus carencias, improvisación e ineficiencia, por tanto, escasea el agua y la salud no está al alcance de todos; la brecha digital aparece como la consecuencia lógica de la ausencia de políticas dirigidas a aprovechar las ventajas de nuevas tecnologías, como Internet; desempleo y pocas o nulas posibilidades de conseguir un empleo estable, moderno, que dé seguridad. En síntesis, hay indicadores de salud, educación, vivienda, servicios, negadores o anuladores de la condición ciudadana, y por tanto, son fuente de exclusión, conflicto y desintegración.
En ese escenario salpicado por el déficit de ciudadanía, las contradicciones y el conflicto, corresponde a la comunicación y a los comunicadores, investigadores de la comunicación y periodistas, actuar e intervenir para contribuir a generar espacios de diálogo, para crear espacios o comunidades de comunicación, para construir una respuesta latinoamericana, probable y posible, que se puede definir en una palabra: convivencia.
La comunicación está en el centro del problema, para decirlo con palabras precisas. No está ni más allá, ni más acá.
El postulado de la convivencia supera el paradigma que privilegia a macrosujetos y concentra en ellos la posibilidad de decidir: se actúa en nombre del Estado, el partido, la ideología, la religión, la industria, en fin, en un pensamiento que impone una determinada verdad y en el que predomina la imposición y no el acuerdo. La convivencia, en cambio, requiere de sujetos morales conscientes, que decidan con autonomía y cuyas actuaciones están regidas por principios y valores. La convivencia significa respeto y aceptación de la diferencia. A partir de allí se pueden establecer acuerdos. La convivencia implica actuar en comunidad, escuchar al otro; comienza cuando se está con otro, se conversa y discute con otro. Allí se ponen a prueba los valores, la lealtad, el respeto de la opinión ajena.
La posibilidad de construir convivencia es una labor, reservada para hombres y mujeres que practiquen una comunicación –mediática e interpersonal- generadora de ciudadanía.
¿Se puede hacer ese aporte desde el espacio profesional y académico de la comunicación? La respuesta puede ser afirmativa, sí y solo sí se asume la comunicación desde una perspectiva intelectual, abierta al aprendizaje y el debate. Eso significa: 1. Disposición para dialogar con distintas corrientes de pensamiento y de puntos de vista; 2. Compromiso con la búsqueda de la verdad, en donde se encuentre; 3. Afán por superar el sentido común, que se refugia en la explicación simple y que desconoce que los problemas contemporáneos tienen explicaciones complejas.
Lo contrario de intelectual es partir de posiciones cerradas y juramentos de fe, que sirven para dividir algo en bueno y malo, pero inútil cuando se trata de encontrar la explicación profunda de un problema.
Las contracorrientes comunicacionales
El informe del PNUD de 2004 evidenció que en América Latina está presente una tensión entre los poderes constitucionales (ejecutivo, legislativo y judicial) y los poderes fácticos que juegan “un papel muy importante”. Los primeros surgen de procesos institucionales y de elecciones. Los segundos, adquieren capacidad para decidir, sin que nadie los haya autorizado o elegido. Se consideran poderes fácticos los grupos económicos, los medios masivos y el narcotráfico, en casos como Colombia y zonas de México.
El dato es relevante porque genera una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo hacer para establecer políticas públicas, a partir de la consulta? ¿Cómo hacemos con los poderes fácticos? ¿Cómo se hace para definir políticas públicas de comunicación y sobre todo, para aplicarlas?
Está en juego la noción de democracia, por cuanto o ésta se construye como un ejercicio de los ciudadanos y las ciudadanas, o como dice el PNUD (2004), se deja en manos de grupos de poder “que ejercen una indebida influencia en la toma de decisiones públicas”.
En sana lógica, los medios masivos, en razón de su potencialidad técnica, están llamados a actuar de acuerdo con parámetros favorables para la conformación de una ecología informativa y comunicacional. Es decir, deben propiciar el pluralismo informativo y facilitar que se exprese la voz de los distintos sectores.
Sin embargo, en los hechos se constatan actuaciones muy discutibles. Surge una tendencia a la mediocracia, que registra ese fenómeno de concentración de poder por parte de los medios masivos. Mediocracia es sinónimo de influencia sobredimensionada de parte de los medios. Pablo Antillano (2002) refiere que la democracia confía en la votación, la mediocracia prefiere sus propias encuestas.
En la democracia, los medios dicen lo que los ciudadanos piensan; en la mediocracia, los ciudadanos dicen lo que los medios piensan; para la democracia, los individuos son ciudadanos, para la mediocracia son audiencias A, B, C, D, E (…) en la democracia se valoran los contenidos; en la mediocracia, los titulares”. En síntesis, en la mediocracia los medios tienden a convertirse en un suprapoder.
Aparece también la tendencia a la declarocracia, en arreglo a la cual las noticias no son lo que hay de nuevo, sino lo que haya dicho alguien importante o privilegiado por un medio. Para el periodista inglés Gideon Lichfield (2002) declarocracia significa que
las noticias no son lo que hay de nuevo, sino lo que haya dicho alguien importante, aunque esa persona o cualquier otra ya lo hubiera dicho, sin importar, realmente, si es verdad o no (...) Es casi como leer el guión de una enorme y prolongada obra de teatro -más bien una telenovela-, pero donde los diálogos de cada personaje se presentan por separado.
Desde luego, en materia de comunicación los problemas tienden a ser complejos y diversos. Algunos de éstos no pueden obviarse, dada su magnitud y alcance.
En ese sentido es necesario registrar un conjunto de problemas que no pueden obviarse: 1. El crecimiento constante de la importancia industrial y económica de los medios masivos, en medio de una “correlativa reducción en el poder los gobiernos para regularla y controlarla” (McQuail, 1998: 440). 2. La concentración de la propiedad de los medios en pocas manos; 3. La privatización de las frecuencias, en el caso de los medios audiovisuales. 4. La ausencia de radio y televisión de servicio público. 5. Convertir la información en una mercancía y no en un hecho cultural y social, por influencia de las agencias multinacionales. Estos tres últimos han sido sintetizados por Gumucio (citado por Beltrán, 2005).
Es demasiado lo que queda por hacerse para revertir estas tendencias y aprovechar las virtudes de la comunicación para promover la construcción del desarrollo democrático. Eso significa que las comunidades deben ser las protagonistas de su propio desarrollo y la comunicación no debe ser necesariamente sinónimo de persuasión sino primordialmente mecanismo de diálogo horizontal e intercambio participativo.
Las premisas del debate
a. El periodismo tiene una responsabilidad social. Debe actuar de acuerdo con parámetros favorables para la conformación de una ecología informativa y comunicacional. Es decir, debe propiciar el pluralismo informativo y dar la voz a los distintos sectores.
En sentido extenso, ésta es una responsabilidad del periodismo, de los periodistas y de los medios masivos. Con el desarrollo de los derechos comunicacionales ahora están llamados a facilitar que las personas puedan ofrecer y recibir informaciones, opiniones e interpretaciones, de manera ética, veraz y confiable.
¿Se puede dejar sólo en los medios el cumplimiento de esa responsabilidad? O ¿es recomendable que intervenga la sociedad, por intermedio del Estado, para establecer límites y regulaciones en la actuación de los medios?
La afirmación de que no se requiere de ninguna regulación deja en manos de poderosos intereses económicos y políticos la decisión sobre el comportamiento del aparato mediático. Con el agravante de que la potencia técnica alcanzada por los medios les otorga una presencia cada vez más influyente.
Retomamos la idea. Para la comunicación y el periodismo existe la responsabilidad de actuar con honestidad, ética y responsabilidad social. Para generar nuevas oportunidades de diálogo, crear ciudadanía, ser fuente de democracia, ser un factor de equidad, propiciar la cultura de paz, y construir una ecología informativa y comunicativa, lo cual significa facilitar el pleno acceso de los ciudadanos a la información sobre el estado de los asuntos públicos.
El informe Mac Bride (1987: 13) resumió hace casi 30 años esta pretensión válida:
Los medios de información pueden contribuir a crear, en todos los círculos, respeto hacia los seres humanos como individuos, con todas las múltiples diferencias que revelan, y a obtener la aceptación de las aspiraciones comunes a todos los pueblos en lugar de los nacionalismos egoístas. También pueden promover el diálogo ininterrumpido entre las comunidades, las culturas y los individuos, tratando de impulsar la igualdad de oportunidades y los intercambios recíprocos. Esto presupone, en primer lugar, que no habrá restricción para la información en todos los campos. Pero jamás dejaremos de afirmar que tal libertad sólo podrá ser plenamente eficaz cuando se convierta en una realidad para todos.
Pero en el comportamiento de los medios hay más de un problema de fondo, porque los parámetros éticos y profesionales del periodismo se pueden dejar de lado. En nombre de un propósito político se busca justificar la utilización arbitraria del poderío de la tribuna mediática. De tal manera que se ha impuesto una jerigonza antiperiodística que olvida o deja lado definiciones clásicas del periodismo.
Kapuscinski (2002: 36) analiza que en la segunda mitad del siglo XX,
tras el fin de la guerra fría, con la revolución de la electrónica y de la comunicación, el mundo de los negocios descubre de repente que la verdad no es importante, y que ni siquiera la lucha política es importante: que lo que cuenta, en la información, es el espectáculo. Y, una vez que hemos creado la información-espectáculo, podemos vender esta información en cualquier parte. Cuanto más espectacular es la información, más dinero podemos hacer con ella. De esta manera la información se ha separado de la cultura: ha comenzado a fluctuar en el aire; quien tenga dinero puede cogerla, difundirla y ganar más dinero todavía. Por tanto, hoy nos encontramos en una era de la información, completamente distinta.
De la información como requisito imprescindible para conseguir la verdad, y yendo más allá como vía para mantener viva la posibilidad de una comunicación democrática, comprometida con el diálogo y la construcción de ciudadanía, se ha devenido en la información espectáculo, que se apoya en prácticas perversas para imponer una versión acomodada o interesada.
Patricia Cruz (1999) resume que se omite información (cuando se entregan datos parciales y cuando la pluralidad, que en teoría debe prevalecer, no se cumple); se presenta información acompañada de adjetivos calificativos; se hace énfasis sólo en un aspecto de la información (cuando se transmite una información sesgada, es decir con una intencionalidad específica: fomentar la imagen positiva de algún personaje o desmeritar a otro); se hace uso de los planos televisivos para exaltar o desmeritar la imagen de algunos actores sociales; no se dan los antecedentes suficientes para entender la noticia (cuando no se dan a los espectadores los elementos necesarios para elaborar un juicio crítico respecto a los acontecimientos y a las partes involucradas).
Jorge Etkin (1997: 126-127) señala que en materia de comunicación las prácticas perversas se manifiestan con distinto sentido:
-los comunicadores sociales que formulan sus juicios críticos sobre una realidad previamente construida por la información periodística de otros comunicadores que han hecho lo mismo;
-usar la pantalla de la lucha contra el vicio o la rebelión cuando en realidad se trata de perseguir a los disidentes o de condenar como herejes a los opositores;
-predicciones no fundadas, que sin embargo, se confirman en la práctica por efecto de las acciones que dicha predicción ha provocado (desabastecimiento);
-las campañas publicitarias que sin declararlo y para hacer negocios crean en los destinatarios y de manera no consciente hábitos nocivos para la salud.
En Venezuela desde 2004 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, después de un largo debate que puso en duda sus verdaderas intenciones. La línea de tensión que surge entre las posibilidades de regulación versus el poderío de los medios masivos se expresó con total y absoluta claridad. Aunque no cabe duda que el problema tiene connotaciones legales, lo fundamental está en sus implicaciones políticas, sociales y éticas.
b. El periodismo es una forma de representación democrática. Los medios son representativos, en tanto, útiles para la democracia. El periodismo –el periodista- representa al ciudadano.
Hay diversas formas de representación: política, social, gremial y la que nos interesa, la comunicacional. Un parlamentario representa a los electores o a un segmento de éstos, y un periodista ejerce la voz de la ciudadanía.
En esa línea de razonamiento, los medios, públicos, privados y comunitarios, tienen la responsabilidad de mostrar las demandas, tendencias y reclamos del ciudadano. Es tarea de todos los medios actuar de acuerdo con los parámetros de la responsabilidad social. Todos, aunque conviene hacer énfasis en los públicos y comunitarios, tienen la misión de empoderar al ciudadano, en especial a los pobres, de hacer visible sus demandas, de convertirlos en voceros necesarios y solventes.
En el caso venezolano se observa la dificultad que surge del dato de que el periodismo tiene poca capacidad para comunicarse con sectores populares. Al respecto, cabe la interrogante: ¿Representa el periodismo los anhelos y demandas de los pobres? Probablemente no. Por mucho tiempo, para los medios –principalmente los privados- los pobres perdieron visibilidad. Sólo son noticia en las páginas de suceso y en momentos trágicos y de desastres naturales. Se observa la tendencia de que el periodismo deja de reflejar lo popular que viene del barrio y de los estratos pobres.
Se discute sobre la relación entre los medios y el gobierno, o entre los medios y los periodistas, pero se obvia lo crucial de la relación entre los medios y la comunidad, los medios y la gente.
Ese comportamiento conduce a que se haya perdido la sintonía, la credibilidad, entre los medios y la gente, sobre todo en el caso de los sectores populares.
c. El desarrollo de un enfoque de comunicación ciudadana.
La ciudadanía, en la actualidad, está sujeta a la posibilidad de ampliar el acceso a los bienes educativos y culturales: el conocimiento, la educación, la cultura y la comunicación. Eso significa que el ejercicio ciudadano no se remite sólo a disponer de un conjunto de derechos políticos, civiles y sociales. Para ganar ciudadanía se requiere de mayor igualdad en el intercambio comunicativo y en el acceso a la información.
Todo lo anterior debe redundar en el crecimiento de las oportunidades y en mayores prácticas ciudadanas, inclusivas. A partir de allí se puede acceder a la condición de actor con un ejercicio pleno de sus deberes y derechos, que supere
el mero consumo y/o recepción de determinados tipos de medios o bienes culturales. Una condición que implica la aceptación de constantes sistemas de interpelación mediados técnicamente como vía de construcción de colectividades o comunidades, es decir, como vía de inclusión social (Mata, 2004).
Para crear la posibilidad de entender y comprender el problema de la ciudadanía desde el campo de la comunicación, luce conveniente y necesario afinar una orientación teórica, solvente, que facilite la explicación del fenómeno. De allí que sea recomendable asumir la perspectiva de la comunicación ciudadana o de la ciudadanía comunicativa.
Mata (2005) entiende por comunicación ciudadana, el reconocimiento y ejercicio de los derechos a la información y la comunicación consagrados jurídicamente, y la búsqueda de su ampliación, en una doble condición: de “conciencia” y práctica”. Explica la autora que en un caso se da el reconocimiento formal de los derechos, y en el otro de “conciencia práctica” se desarrollan prácticas sociales reivindicatorias de dichos derechos, en pos de su vigencia y/o ampliación.
El enfoque de comunicación ciudadana se sustenta en la revisión del modelo anterior, lineal y mecanicista de lo social, que se apoya en el conocido esquema: fuente-emisor-mensaje-receptor-destinatario. En cambio, ahora se reconoce la urgencia de un nuevo marco conceptual, que en la lectura de Martín Barbero (1997) supone la recuperación de la perspectiva del sujeto en la comunicación, el replanteamiento de las relaciones entre intelectuales y cultura mediática y las nuevas lógicas del actor transnacional.
Desde una óptica compleja, la comunicación contribuye a consolidar el proceso de construcción teórica de la noción de ciudadanía, tanto en lo social como en lo individual.
En Venezuela, en medio de la transición actual que se experimenta, se observa una ciudadanía preocupada por los medios. Surgen dudas e interrogantes sobre el papel que éstos ejercen.
En el mejor de los casos hay un malestar ciudadano, hay descontento con las formas tradicionales del ejercicio político y con el comportamiento de los medios.
La situación actual puede resumirse del siguiente modo: hay una irrupción de la ciudadanía. Hay cambios en la representación. Hay una sociedad en movimiento; el sentido de ciudadanía y de representación se encuentra en otro lugar y no en los medios.
d. La legislación comunicacional.
Hay un punto esencial a dilucidar, ¿los medios son sujetos de obligaciones? Si eso se admite entonces puede entenderse que se establezcan unas reglas explícitas, una regulación, fijada dentro de los límites del marco de la Constitución nacional, claro está siempre que la interpretación y aplicación de la ley quede sujeta, a los principios de “libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos; comunicación libre y plural, prohibición de censura previa, responsabilidad ulterior, democratización, participación, solidaridad y responsabilidad social, soberanía, seguridad de la Nación y libre competencia” (Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, 2004).
Luego hay un tópico básico que establecer. La ley supone la fijación de unas reglas explícitas, eso es posible en Venezuela dentro del marco constitucional, que señala los parámetros de actuación ciudadana, y desde luego para que los medios cumplen una misión social y pública. En resumen, los medios son sujetos de obligaciones y no sólo pueden argumentar la posibilidad de ejercer unos derechos.
A manera de ejemplo, se puede citar varios casos en la normativa internacional. En Estados Unidos, la Ley sobre la Decencia en las Comunicaciones (Communications Decency Act) y la Ley de Televisión Infantil (Children’s Televisión Act); en Francia, la Ley No. 2000-719 del 1 de agosto de 2000, relativa a la libertad de comunicación; y en México, el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos del 25 de enero de 2001.
En Venezuela, sobre todo en la última década se ha venido configurando y renovando la arquitectura jurídica comunicacional. Los cambios ocurridos en este terreno pueden interpretarse como un intento por generar la necesaria actualización legal en comunicación. Desde luego, también puede haber otras interpretaciones. Una muy común es la que ve peligros en cualquier intento de regulación y en las políticas públicas.
Las transformaciones en el ámbito legal son las siguientes:
La más reciente Constitución nacional de 1999 garantiza la libertad de expresión en los artículos 57 y 58. El libre acceso a la información está garantizado en los artículos 23, 28, 51 y 143 y el 28 sienta las bases del habeas data.
Art. 28: “Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre si misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales y privados…”
Art. 51: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad (…) sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta”.
Art. 143: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados o informadas oportuna y verazmente por la administración pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén interesados e interesadas”.
Hay un cuerpo de normas que regulan en Venezuela a la industria cultural.
Están la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada en diciembre de 2004; la Ley de Telecomunicaciones, aprobada en 2000 y el Reglamento de Radio y TV Comunitarias, en vigencia desde 2002. También hay que añadir la Ley sobre el Derecho de Autor, de la cual está en discusión un proyecto de reforma; el anteproyecto de Ley de Datos y Habeas Data, la Ley de Ejercicio del Periodismo, la Ley de Delitos Informáticos, aprobada en 2001, y el anteproyecto de Ley de Infogobierno.
Además, algunas leyes como la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopna), la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de la Salud, incluyen previsiones en materia de comunicación para preservar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La Ley de Telecomunicaciones significa un intento por colocarse a tono con las transformaciones tecnológicas actuales, pues la ley anterior estaba fechada 1940, en una época en la que en el país no había llegado la televisión y la radio era incipiente.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que regula la prestación de los servicios públicos y privados de radio y televisión. Clasifica los sonidos e imágenes que se emiten en materia de lenguaje, salud, sexo y violencia; establece diferentes tipos de horarios: para todo usuario, supervisado y adulto; creó la figura del productor nacional independiente; hace énfasis en las pautas de los programas y horarios para niños y adolescentes.
Esta ley fija las pautas para establecer límites a la programación de radio y televisión, a la propaganda y la publicidad. No interviene expresamente en los contenidos de los mensajes, como se le crítica. No obstante, ha sido la ley más discutida que se haya aprobado y se le ha calificado con adjetivos lapidarios: intervencionista, de contenidos, mordaza.
El Reglamento de Radio y TV Comunitarias (Art. 1) establece
los requisitos, las características, las limitaciones y las obligaciones de los servicios de radiodifusión sonora comunitaria y televisión abierta comunitaria, así como la forma y condiciones de otorgamiento de las habilitaciones administrativas y concesiones, a los fines de garantizar la comunicación libre y plural de las comunidades.
Sobre este punto vale el comentario de que la pretensión de ganar democracia comunicacional no es simplemente el resultado de una determinada regulación o de tecnologías más avanzadas, para ello se requiere de la creación de una lógica de empoderamiento del ciudadano, de la participación de muchos, una red de redes en comunicación de lo que se ha hecho común denominar la sociedad civil.
Esta aspiración forma parte de una vieja bandera de lucha postulada, por ejemplo, en el Informe Mcbride (1987: 211):
La comunicación ya no debe considerarse sólo como un servicio incidental y su desarrollo no debe dejarse al azar (...) el objeto debe ser la utilización de las capacidades peculiares de cada forma de comunicación, desde las interpersonales y tradicionales hasta las más modernas, para que los hombres (y las mujeres, NN) y las sociedades estén conscientes de sus derechos, la armonización de la unidad en la diversidad, y la promoción del crecimiento de individuos y comunidades en el marco más amplio del desarrollo nacional en un mundo interdependiente.
El escenario comunicacional venezolano
a. La teoría de los polos opuestos.
En predios de la comunicación se expresa de manera contundente el conflicto social y político que recorre a Venezuela. Hay que partir del dato de que a partir de 1998, con la elección del presidente Hugo Chávez, se produjo un punto de inflexión en la historia reciente. Desde el momento de la campaña presidencial de ese año los medios privados, en su mayoría, tomaron partido en contra de esta candidatura que no emergía de los partidos políticos que tradicionalmente habían gobernado, desde 1958: AD y Copei.
En 2002 y 2003 el conflicto adquirió ribetes dramáticos. En abril de 2002 se produjo un fracasado golpe de Estado y en diciembre 2002 - enero 2003 un prolongado paro de la industria petrolera. En esos acontecimientos los medios masivos han jugado un papel protagónico. Han apoyado una serie de acciones abiertamente dirigidas a derrocar al gobierno o a debilitarlo. La responsabilidad social, los parámetros profesionales que deben acompañar al periodismo han quedado en entredicho. En lugar de la comunicación democrática se ha impuesto la información espectáculo y la información interesada.
Este comportamiento ha derivado hacia un conflicto abierto entre los medios, particularmente las cadenas de televisión, y el gobierno nacional. La respuesta gubernamental se ha traducido en el incremento de la capacidad comunicacional del Estado, que está en sus manos. Desde el punto de vista técnico se ha fortalecido la señal del canal del Estado, Venezolana de Televisión; se han creado nuevos canales: Vive, con tendencia a mostrar la labor comunitaria, el canal de la Asamblea Nacional, Telesur, con alcance internacional; y TVES, que nace con la pretensión de convertirse en un canal de servicio público; la ampliación de la cobertura de Radio Nacional de Venezuela y la constitución del circuito YVKE Mundial, con cuatro emisoras; la agencia de noticias Agencia Bolivariana de Venezuela (ABN), antigua Venpres; las páginas web de los órganos y medios de gobierno: MCI, Vive TV, VTV, Telesur, RNV; en el área de telecomunicaciones, se tiene previsto colocar en órbita un satélite venezolano para 2008; se ha creado la empresa de telecomunicaciones CVG-Telecom y se ha nacionalizado CANTV, la antigua telefónica estatal que había sido privatizada en 1991.
De tal modo que la capacidad actual de respuesta del gobierno es incomparable con la situación de finales de la década de los 90. En materia de programación, el gobierno se apuntala en el programa de radio y televisión, “Aló Presidente”, que se transmite los domingos durante cuatro o cinco horas.
La crítica que sintetiza Bisbal (2006: 65) refiere que “la política comunicacional del actual gobierno se conforma desde el propio concepto que alude a la idea de una política comunicacional gubernamental y no estatal”.
Si bien ha sido necesario el fortalecimiento del aparato comunicacional del Estado ha faltado un deslinde entre el campo del Estado y el campo del gobierno, que se presta para labores de propaganda. Algunos programas del canal VTV se emplean como fuentes de propaganda abierta. Las acciones que se emprendieron en los momentos críticos del paro petrolero luego se han mantenido bajo el mismo pretexto, limitando las posibilidades de expresión de más amplios sectores culturales, profesionales y académicos.
Esta manera de entender el ejercicio comunicacional hace que prevalezca el escenario perverso de la polarización: o supuestamente se está con un bando o con el otro. Esto se hace evidente en la programación de los canales de televisión: en los canales del Estado se entrega una versión y en los privados otra. No obstante, cabe la matización. En el último año, en los privados hay los canales que centran su programación en el ataque al gobierno (RCTV y Globovisión) y los canales que han cambiado de tono –o bajado el tono opositor- e incluyen voceros de diversos sectores (Venevisión y Televén).
En los medios impresos, aunque hay comportamientos diversos prevalece la expresión opositora, pero es evidente que hay mayor pluralidad. Hay diversas corrientes: los proclives a la acción de gobierno (diario Panorama), los que buscan mayor diversidad (diario Ultimas Noticias) y los abiertamente opositores (diarios El Universal y El Nacional).
Con la polarización el pensamiento se simplifica y todo se pretende ver en blanco y negro. El pensamiento autónomo se reduce. Un ejemplo práctico, es el de las personas que callan su oposición a la invasión y guerra en Irak por temor a aparecer coincidiendo con el otro sector. Así ocurre con diversos temas controversiales. La polarización produce solidaridades automáticas.
Otro problema crucial es que en ese escenario se hace cuesta arriba abrir paso al enfoque de la comunicación ciudadana, que busca abrir cauce a los diferentes actores, que propicia el diálogo, que postula la paz y que expone como problema de fondo el reto de ganar calidad de vida, derrotar la pobreza, y la cultura que de ella se genera, combatir las formas socioculturales y socioeconómicas de exclusión.
b. Las historias preestablecidas.
En el escenario venezolano han salido a relucir las tendencias en disputa actualmente en el periodismo, que forman parte del antiguo debate sobre el rol que corresponde a este campo.
Existe la versión acomodaticia de situarlo como parte de los intereses corporativos de los grupos editores o propietarios de los medios o de la artillería del pensamiento político, por tanto, debe ajustarse a las pretensiones de lo que cada grupo de interés se propone. Desde el gobierno, se le reduce a ofrecer una versión alineada con la llamada historia oficial. Algunos programas de televisión y periódicos ofrecen una explicación sobre los acontecimientos, sin dar cabida a las voces o versiones divergentes. En los medios privados, audiovisuales e impresos, ocurre algo similar, con ribetes más dramáticos. La historia se acomoda a las pretensiones de grupos corporativos, acostumbrados a decidir por el colectivo nacional, la ciudadanía o lo que eufemísticamente se denomina la sociedad civil. Durante los sucesos del fallido golpe de Estado de 2002 el epicentro directivo de las acciones se concentró en los canales de televisión –Venevisión y RCTV- y durante los días críticos, 11, 12 y 13 de abril, los medios quebraron todas reglas admitidas: desobedecieron una cadena nacional con una alocución del Presidente de la República y luego produjeron un apagón mediático, no informaron de las protestas que se generaban en la calle en contra del “gobierno provisional” y del “presidente transitorio”, Pedro Carmona Estanca.
En este tipo de ejercicio mediático el periodismo, los periodistas y quienes hacen las veces de periodistas posponen o cancelan la responsabilidad social que corresponde al periodismo y actúan según el libre albedrío de la mediocracia: sustituyen a los jueces y absuelven y condenan, construyen “verdades” a partir de videos y versiones construidas a partir de ángulos particulares, prevalece la propaganda y no el análisis y la interpretación equilibrada, los acontecimientos son presentados como una telenovela por capítulos, se impone el reality show que el libreto de los medios recomienda.
Se construye un juego perverso de medias verdades útil para los grupos empresariales que busca hacer prevalecer sus intereses, a cualquier precio, y resta opciones a la comunicación ciudadana. La idea de construir una democracia de ciudadanos y ciudadanas queda postergada. El periodismo que tiene la misión de mostrar las demandas y reclamos ciudadanos se queda sin espacio para ventilar los asuntos públicos, en toda su amplitud.
A manera de conclusión
1. En el caso específico del escenario comunicacional venezolano resulta clave colocar en la agenda dos iniciativas: primero, recuperar el debate sobre la relación entre los medios y la audiencia, de lo que se habla poco. Se insiste siempre en el conflicto entre los medios y el gobierno, pero se dejan de lado los intereses de la audiencia.
2. Es preciso retomar la idea de que el periodismo es una forma de representación democrática, en la medida en se representa al ciudadano. Eso significa que los medios públicos y privados deben ajustarse al parámetro de la responsabilidad social. Representan los intereses de la gente.
3. La gobernabilidad en Venezuela está seriamente comprometida. Tiene un obstáculo severo: el conflicto medios masivos privados-gobierno. Buena parte de ese conflicto se dilucida en la pugna por establecer la agenda comunicacional. ¿Lo logran los medios? ¿O en cambio lo logra el Presidente Chávez? Luce extraño que la oposición subestime las habilidades y capacidades comunicacionales de Chávez. Con frecuencia sigue el guión pautado con Chávez. Mientras la oposición no rompa esa esquema, con todo y su aparato mediático, actuará de manera reactiva. El poder político tiene una variable o vertiente comunicacional que no se puede ignorar.
4. En Venezuela no se observa la existencia de un cuerpo coherente de políticas públicas que se traduzca en una política nacional de comunicación. La política de comunicación está llamada a reunir de manera armoniosa los principios que marcarán la actuación y las normas a aplicarse. Sólo hay políticas parciales. Entre ellas la elaboración del entramado legislativo (Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión), en el terreno mediático la permanencia del programa Aló Presidencial, los domingos y el fortalecimiento del aparato comunicacional del Estado. Como datos negativos pueden anotarse: el insuficiente respaldo del Gobierno a los medios comunitarios que deberían ser una prioridad del Ministerio para la Comunicación y la Información (Minci), la falta de continuidad y coherencia en la política comunicacional y además, el Minci es el ministerio donde más han rotado ministros y equipos de dirección.
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Orlando Villalobos Finol. Profesor titular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, Venezuela. Doctor en Ciencias Humanas. Magíster en Ciencias de la Comunicación. Autor de diversos artículos en libros y revistas especializadas.
